Principio de oportunidad frente al adolescente desmovilizado del conflicto: un postulado del derecho penal mínimo y una política pública que genera impunidad penal

Authors

  • Cristina E. Montalvo Velásquez Universidad Libre

DOI:

https://doi.org/10.15665/rj.v11i1.619

Keywords:

Principio de oportunidad, Impunidad, Adolescente, Desmovilizado, Derecho penal mínimo, Conflicto armado.

Abstract

La Fiscalía General de la Nación puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, por presentarse la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad; en la investigación realizada partiendo del interrogante: ¿La aplicación del principio de oportunidad en los procesos de los adolescentes desmovilizados del conflicto armado es un postulado del derecho penal mínimo o es una política criminal que genera impunidad penal?, Se indagó sobre las razones jurídico - sociales que llevan a los funcionarios jurisdiccionales a aplicar el principio de oportunidad en los procesos penales de los adolescentes desmovilizados del conflicto armado de manera preferente, se realizó una investigación de tipo explicativa, con enfoque cualitativo, los resultados se explicarán en este artículo de investigación. Se utilizaron técnicas primarias, como la entrevista a la Defensora de Familia de Valledupar que intervenía en algunos de los procesos seleccionados, asimismo utilizando técnicas secundarias como la revisión bibliográfica. Atendiendo la técnica de la entrevista, se utilizó como instrumento el cuestionario y respecto de los textos se utilizaron fichas bibliográficas. Teniendo como objetivo la  investigación desarrollada, el análisis de varios procesos penales de adolescentes desmovilizados del conflicto armado, se obtuvo que en Colombia tratándose de estos adolescentes se aplica de manera preferente el principio de oportunidad, lo que ha de llevar a concluir que en los procesos de los mencionados adolescentes no es el Derecho Penal eminentemente sancionador el instrumento que inspira la administración de justicia, sino que se aplica el principio de intervención mínima, donde el Derecho Penal es la última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos.

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